En Colombia, el traslado de una persona privada de la libertad dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios no es un trámite automático ni sencillo. Este proceso está regulado y debe cumplir con ciertos requisitos legales. A continuación, te explicamos de forma clara y sencilla cómo funciona y quiénes pueden solicitarlo.
1. ¿Quién puede solicitar el traslado?
La solicitud de traslado de una persona privada de la libertad (PPL) puede ser presentada ante la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) o ante el área correspondiente del establecimiento de reclusión donde se encuentra el interno. Las siguientes personas o entidades están facultadas para hacerlo:
- El Director del establecimiento de reclusión: quien tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de los internos y puede iniciar la solicitud en situaciones que lo ameriten.
- El juez de ejecución de penas: encargado de supervisar el cumplimiento de la pena, quien puede sugerir un traslado si lo considera necesario.
- El interno o su defensor: la persona privada de la libertad puede solicitar su traslado, ya sea directamente o a través de su abogado defensor.
- La Defensoría del Pueblo: a través de sus delegados, puede presentar una solicitud de traslado si observa que los derechos del interno están siendo vulnerados.
- La Procuraduría General de la Nación: en su rol de vigilancia de los derechos humanos y la legalidad, también puede intervenir en estos casos.
- Familiares del interno: los familiares hasta segundo grado de consanguinidad (abuelos, hermanos, nietos) o primero de afinidad (suegros, hijastros) pueden solicitar el traslado si ven que el familiar encarcelado se encuentra en una situación que amerita un cambio de lugar.
2. ¿En qué casos se puede solicitar un traslado?
No cualquier razón es válida para pedir un traslado. La solicitud debe estar fundamentada en algunas de las siguientes causales:
- Estado de salud del interno: si la persona encarcelada padece una enfermedad grave o necesita un tratamiento médico especializado que no puede recibir en el establecimiento actual, puede solicitarse el traslado, pero debe ser certificado por un médico legista, que es el profesional designado por la justicia para evaluar su condición.
- Razones de orden interno del establecimiento: en ocasiones, puede haber problemas internos en la prisión que ameriten un cambio de lugar.
- Buena conducta del interno: como estímulo a su buen comportamiento, el Consejo de Disciplina del penal puede recomendar un traslado a un lugar con mejores condiciones.
- Descongestión del establecimiento: en algunos casos, la prisión puede estar sobrepoblada y el traslado es necesario para descongestionar las instalaciones.
- Razones de seguridad: si la vida del interno está en riesgo o su presencia genera un riesgo para los demás internos, el traslado puede ser una solución.
3. ¿Qué pasa después de presentar la solicitud?
Una vez la solicitud de traslado ha sido presentada, el Director del INPEC es quien tiene la última palabra. Este debe considerar varios factores antes de decidir, como:
- Disponibilidad de cupos: no todas las cárceles tienen espacio suficiente para recibir a nuevos internos.
- Condiciones de seguridad: se debe evaluar si el nuevo lugar es seguro tanto para el interno como para los demás.
- Proximidad al entorno familiar: siempre que sea posible, se procurará que el traslado permita al interno estar más cerca de su familia, lo que puede contribuir a su proceso de resocialización.
Este proceso no siempre es rápido, ya que implica la verificación de condiciones y cupos en los establecimientos carcelarios. Sin embargo, es una herramienta importante para garantizar que las personas privadas de la libertad reciban un trato digno y adecuado, respetando sus derechos fundamentales.
